Gustavo Márquez Marín: ¿Corredor humanitario?

La canciller colombiana anunció que su gobierno abrirá un corredor humanitario fronterizo, aduciendo que “no dejará que los hermanos venezolanos pasen hambre y necesidad de medicamentos”, a sabiendas de que esa es una figura del derecho humanitario internacional aplicable a los conflictos bélicos para garantizar asistencia y acceso a medios de subsistencia a la población civil.

Su uso descontextualizado, con fines propagandísticos, se inscribe en el plan injerencista de Obama y el Comando Sur.

Su oferta “solidaria” tiene un dejo de cinismo porque se reduce a facilitarles a los pobladores de la frontera el acceso a los productos de origen venezolano procedentes del contrabando y a precios de dólar paralelo. Un gesto realmente solidario sería iniciar la devolución de las miles de toneladas de bienes y litros de gasolina incautados por el Estado colombiano o su valor equivalente y revocar la disposición que estatiza cualquier bien, venga de donde venga, que ingresa ilegalmente al territorio colombiano.

Si de verdad quiere contribuir a mitigar la escasez de alimentos y medicinas que afecta al pueblo venezolano, debería abolir la resolución número 8 adoptada en 2000 por el Banco de la República de Colombia, que oficializó un sistema cambiario dual o paralelo respecto del bolívar, manejado por las Casas de cambios fronterizas.

Con esa decisión en tres lustros se estimuló, legalizó y potenció una economía cambiaria especulativa, basada en la depreciación de la moneda venezolana que abrió una “puerta trasera” para la legitimación de capitales procedentes del narcotráfico, el contrabando, la extorsión, la corrupción, la parapolítica y demás actividades del crimen organizado, que utilizan el territorio venezolano como plataforma para sus operaciones.

Sin embargo, de nada serviría que el gobierno colombiano tome esas medidas si su par venezolano no avanza hacia una política de unificación cambiaria, en el marco de una nueva política económica que apunte a la superación de los desequilibrios económicos estructurales.

Por la estrecha interdependencia económica colombovenezolana, se impone un acuerdo bilateral de largo aliento para desmontar la economía criminal que ha crecido al amparo del contrabando y el narcotráfico.

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