El fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que desde el año 2017 han procesado a un total de 144 fiscales del Ministerio Público, por su presunta vinculación con hechos irregulares.
Aseguró, en rueda de prensa, que 101 fiscales se encuentran bajo investigación penal y 48 están privados de libertad por los delitos de corrupción propia, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
“Desviaron su atención al usuario convirtiéndose en delincuentes, en forajidos, que mancillan a esta institución y no vamos a permitir que actúen con impunidad”, señaló.
Resaltó que los supuestos fiscales corruptos fueron detenidos en Caracas, Guárico. Lara, Bolívar, Zulia, Yaracuy, Barinas, Carabobo, Miranda, Anzoátegui, Falcón, en Nueva Esparta, Sucre, Mérida, Apure, Monagas, Portuguesa, Táchira, Trujillo, Aragua, Vargas y Amazonas.
Contra la minería ilegal
El Ministerio Público también ha realizado desde el mes de agosto de 2017 hasta septiembre, un total de 44 investigaciones por el ejercicio ilegal de la minería en el país, informó William Saab.
En un balance ofrecido este viernes, la máxima autoridad del MP detalló que hay 170 personas imputadas, 83 se encuentran privadas de libertad y se han incautado 538 objetos relacionados con esta actividad que incluye herramientas, motos y bombonas.
“Para nosotros el delito de la minería ilegal atenta contra los Derechos Humanos de todos los venezolanos”, dijo Saab.
En lo que se refiere a la defensa integral del ambiente, el MP ha iniciado desde agosto de 2017 hasta septiembre, un total de 10.421 investigaciones, 7.430 actos conclusivos, se han presentado 7.357 imputaciones y se han obtenidos 324 sentencias condenatorias.
Además se han formado en materia de defensa integral del ambiente a 22.360 personas de las comunidades y centros educativos del país.
El Fiscal General de la República, detalló que el 07 de agosto de 2019 se desarticuló una banda conformada por 35 personas que practicaban la minería ilegal en la adyacencia de Minerven, ubicada en el Callao estado Bolívar.
A estos ciudadanos se le fueron imputados los delitos de ocupación ilícita de áreas naturales, agavillamiento, desacato de la minería precautelativa ambiental, prohibición de realizar actividades mineras ilegales y todos quedaron detenidos en El Dorado.