Chile: siguen los choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad

Nuevos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad se registraron este martes en Santiago, un día después de que el estallido social más grave de la historia democrática de Chile cumpliese un mes.

Los violentos choques, en los que los agentes dispararon bombas lacrimógenas y perdigones y los manifestantes lanzaron piedras, se dieron en las calles aledañas a Plaza Italia, una rotonda que ha sido el epicentro de la revuelta social y en la que este martes apenas se concentraron varios centenares de personas.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un ente público e independiente que ha monitoreado las revueltas desde el inicio actualizando diariamente los datos de heridos y detenidos, insistió en la urgencia de que el Parlamento apruebe un proyecto de ley para actualizar los protocolos policiales.

Según el INDH, la crisis que estalló el pasado 18 de octubre ya se ha cobrado la vida de al menos 23 personas -cinco de ellas presuntamente a manos de agentes del Estado- y ha provocado 2.381 heridos hospitalizados, de los cuales 222 tienen graves lesiones oculares.

Foto: EFE

Acusan a Piñera

Por su parte, un grupo de diputados chilenos de oposición presentó este martes una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por su presunta responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en el marco del estallido social.

El documento lleva la firma de parlamentarios del Partido Socialista (PS), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), todas formaciones de izquierda.

La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.

Para que el mecanismo prospere se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados -la mitad más uno de los votos- y un respaldo de dos tercios en el Senado.

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