41 detenidos en calabozos de La Guaira fueron excarcelados

Tras la revisión de decenas de expedientes por parte del Estado Mayor de la Revolución Judicial, salieron los primeros 41 excarcelados en el Litoral Central, a fin de que los procesados continúen sus causas penales fuera de los recintos en los que se encuentran hacinados. Los familiares de otros reos reclaman que a la brevedad se les realicen las pruebas que descarten el contagio de COVID-19.

Por Rafael Lastra Veracierto @rala1970 │ CRÓNICA UNO

La Guaira. Luego del análisis de los respectivos expedientes, el denominado Estado Mayor de la Revolución Judicial anunció los primeros 41 excarcelados en el Litoral Central.

De estos detenidos, un total de 21 permanecían en los calabozos de la Policía de La Guaira en el retén de Macuto, mientras que el resto estaba en las celdas del Comando de Seguridad Urbana y la Unidad Especial Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ubicados en Maiquetía y La Guaira, respectivamente.

Los internos fueron beneficiados con medidas cautelares sustitutivas de libertad, las cuales consisten, en su mayoría, en un régimen de presentación en los tribunales de sus causas para continuar sus procesos penales.

En el Litoral Central, se calcula que más de 800 internos están en distintos centros de retención, de los cuales 700 se encuentran en los dos principales retenes, el de Macuto y el de Caraballeda, al este de la entidad federal.

En Caraballeda, actualmente se revisan 49 casos y en la sede de la Policía Municipal de Vargas, en Macuto, también se agilizan las excarcelaciones de otros 22 reos.

En las últimas horas, se concretó el traslado de 21 personas a diversos penales de Caracas y el estado Miranda, después de la sentencia en primera instancia de sus casos.

En el Litoral Central no hay un reclusorio para albergar a cientos de sancionados por los tribunales penales. Desde los años setenta del siglo pasado, se concibió un proyecto de construcción de un penal en la parroquia Carayaca (en el oeste de la región), pero ha sido rechazado por los habitantes de la zona.

El comisario jefe de la policía regional, Ángel González, destacó la labor del Estado Mayor para cumplir con los objetivos de descongestionar los espacios carcelarios.

La aludida dependencia gubernamental promete atender a quienes se hallan en los centros de detención de la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Dirección de Contrainteligencia Militar y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Tras una reunión en la sede del Comando de Zona Nº 45 de la GNB, en La Guaira, se espera que una vez se aborden los casos se ofrezcan respuestas expeditas, con apego al debido proceso y a la tutela judicial.

Descarte de COVID-19

Por otra parte, organizaciones no gubernamentales y abogados en la región han denunciado el silencio del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo en torno al hacinamiento en los calabozos, así como el retraso judicial de las causas.

“Parece que ahora se dieron cuenta del hacinamiento espantoso, los maltratos de los custodios y los retardos judiciales que hacen que, por ejemplo, muchachos que cayeron por primera vez tengan odio a la sociedad por vivir ese infierno. Los derechos humanos, no solo de los reclusos, no son prioridad para quienes gobiernan en Venezuela”, indicó Lismar Monzón, defensora privada de varios jóvenes recluidos en el retén policial de Macuto.

En el referido centro de detención, algunos familiares de los internos exigieron que se realicen las pruebas de hisopado nasofaringeo (PCR) para descartar contagios de coronavirus en los calabozos.

“No es posible que, desde el año pasado, lo único que le han dado son las gotas esas (Carvativir) que no curan el COVID-19. No les importa la vida de ellos”, sostuvo María del Carmen Hernández, que esperaba visitar a un sobrino de 18 años de edad, procesado por un caso de tráfico de estupefacientes.

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