Masacres, asesinatos de civiles y una trama de espionaje ilegal marcan los dos años de mandato del presidente colombiano. El Ejecutivo se aferra a la reducción de los homicidios
CATALINA OQUENDO Bogotá │El País
Las recientes matanzas de jóvenes en dos regiones de Colombia han instalado la sensación de regreso a un pasado marcado por la violencia en el país andino. Aunque el Gobierno de Iván Duque defiende que hubo una reducción del 11 % de los homicidios en lo que va de este año frente al mismo período del 2019, organismos internacionales alertan por los asesinatos múltiples y ataques a líderes sociales en zonas rurales. La oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia ha instado al Gobierno a “realizar todas las acciones necesarias para eliminar esta violencia”. Según la organización, en lo que va del mandato de Duque se han registrado 69 masacres, además de siete pendientes de documentar.
Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), destaca los matices del escenario de la seguridad en el país. “En general, a nivel urbano ha habido una mejora sustancial, acelerada con la cuarentena, y se ven caídas de los homicidios que no observábamos hace tres años”, dice el analista. El Gobierno se aferra a esas cifras, así como a la reducción de los secuestros y de la extorsión, pero observadores como Restrepo señalan que estos son beneficios del posconflicto tras el acuerdo de paz firmado entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, aclara, “esa mejora en seguridad ciudadana contrasta con el aumento de la violencia política, las disputas y una intensificación del conflicto con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, (la última guerrilla activa en Colombia)”. Se refiere a los asesinatos de defensores de derechos humanos y de excombatientes de las FARC, especialmente en poblaciones que dejó la guerrilla.
La respuesta del Gobierno ante cada ataque o masacre ha sido el aumento de pie de fuerza en poblaciones como Catatumbo, Cauca o Nariño, las más afectadas por los grupos armados. Pero la aparición de disidencias y de bandas paramilitares que se disputan las rutas del narcotráfico y otros negocios ilegales tras el acuerdo de paz hace más complejo el panorama.
La situación viene precedida por un declive en la imagen de las fuerzas militares que se encuentran en un foso al que no habían llegado en las últimas dos décadas. Una encuesta de la firma Invamer Gallup reveló en junio pasado que la opinión favorable acerca de estas cayó en 37 puntos y llegó al 48%, un dato llamativo para una de las instituciones más importantes en un país que estuvo más de cinco décadas en guerra con las FARC. Los sucesivos escándalos, denuncias de corrupción en la cúpula, ejecuciones extrajudiciales y, más recientemente, el reconocimiento de 70 investigaciones a militares por abuso sexual a menores, han hecho mella en la institución que dirige el presidente, como comandante en jefe de las fuerzas militares.
El descontrol de las fuerzas militares
La trama de espionaje ilegal y perfilamientos a periodistas y políticos de la oposición por parte del Ejército que se conoció a comienzos de 2020 también han tomado alcance internacional. Recientemente, el congresista estadounidense Jim McGovern presentó un proyecto de ley que busca condicionar la ayuda a Colombia por parte de Estados Unidos, debido a los seguimientos ilegales. Mientras que la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez presentó una enmienda para que el Gobierno de Donald Trump no destine dinero a través del Departamento de Defensa para la fumigación aérea en Colombia “a menos que el Gobierno (colombiano) demuestre que se está adhiriendo a las leyes y regulaciones nacionales y locales”.
Para el senador Roy Barreras, que en noviembre pasado denunció que el Ejército ocultó la muerte de ocho menores en un bombardeo contra guerrilleros disidentes en una acusación que llevó a la renuncia del entonces ministro de Defensa Guillermo Botero, el deterioro de las fuerzas militares tiene que ver con la falta de conducción presidencial, que las ha politizado, distraído de su objetivo de control del territorio. “Las fuerzas militares son muy grandes, medio millón de personas, y son apolíticas, no beligerantes. No es su culpa entonces, como cuerpo, si son mal conducidas por un gobernante que las lleva a la guerra y no a la paz o por un gobernante inepto que les hace perder el control del territorio, la responsabilidad es del Gobierno que las conduce mal”, opina.
Barreras afirma que la decadencia se ha dado en tres etapas en los últimos dos años. La primera, dice, cuando Duque recibe una cúpula militar que venía del Gobierno de Juan Manuel Santos y estaba en una transición de la guerra a la paz. Por un tiempo, el jefe de Gobierno la mantiene hasta que “cede a las presiones de su partido”, el Centro Democrático. En la segunda, de 2018 hasta noviembre de 2019, en la que, según su teoría, se entroniza en el mando a personas que juran lealtad al uribismo y empieza “el mayor y peor efecto del Gobierno sobre las fuerzas militares que es la politización de las mismas, con una ideología de reivindicación de la guerra”, valora. Restrepo en cambio no considera que haya una politización, pero sí una revisión de la doctrina que “revirtió al menos en 22 años muchos avances en la política de seguridad del Ejército”.
Durante el 2019, como documentaron varios medios de comunicación, se denunciaron ejecuciones extrajudiciales y la militarización de la lucha contra el narcotráfico, que implicó el cambio de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos por la erradicación forzosa de los sembrados de coca, con la presencia de militares. “Con las FARC desarmadas, necesitan volver a la lógica del terror interno y externo y fabrican dos frentes: uno internacional, con Venezuela y el Gobierno imaginario de Juan Guaidó frente a la dictadura de Maduro; y en el interno, la negación del acuerdo para decir que nunca hubo paz y que la prueba de ello es la proliferación de las disidencias. Es la profecía autocumplida”, dice el congresista. Así, opina, es cómo se llegó al tercer momento, el actual, que llama la pérdida de control territorial.
Con la renuncia del ministro de Defensa Guillermo Botero y la llegada de Carlos Homes Trujillo a la cartera, el Gobierno ha anunciado reformas e investigaciones a fondo de las sucesivas denuncias contra militares. “El mensaje es claro: hay cero tolerancia ante cualquier acto que esté por fuera de la Constitución y de la ley y en eso somos contundentes”, ha dicho el actual ministro.
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, coincide en que el jefe de Gobierno “tuvo la oportunidad de repensar el rol y la estructura de unas fuerzas militares acordes con las necesidades del país”, tras el desarme de las FARC. “En lugar de ello, el Gobierno insistió en el modelo tradicional de fuerzas militares —y con algunos de sus peores rasgos. Desplegó a las fuerzas militares ante cada crisis pero paralelamente no hizo mayores esfuerzos por impulsar iniciativas de desarrollo local y fortalecimiento de la justicia”, añade.
Vivanco señala que uno de los momentos críticos de ese modelo fue el ascenso de oficiales que, “según pruebas creíbles, estarían asociados con falsos positivos, incluyendo al entonces comandante del Ejército Nicacio Martínez, quien tan pronto asumió el cargo restableció algunas de las políticas de seguridad que hace una década llevaron a asesinatos a sangre fría de miles de civiles”.
Las perspectivas de cambio no son halagüeñas. “El Gobierno tiene una oportunidad de rebarajar su política de seguridad. Pero me temo que será oportunidad perdida y que veremos continuismo. Es decir, persistencia de la violencia que daña la política, sobre todo a nivel territorial y unas reducciones graduales de materia de inseguridad urbana”, considera Restrepo.
