Con Nicmer Evans tengo grandes divergencias acerca de su visión sobre la naturaleza del régimen autoritario madurista y sobre la estrategia para procurar el cambio democrático que Venezuela requiere. Pero no puedo menos que rechazar de un modo claro y sin esguinces las acciones dirigidas contra él y su esposa por la policía política de ese régimen autoritario. Es una deriva dictatorialista acusar a todo opositor de «instigación al odio», práctica propia, por cierto, de los comunismos, los fascismos y las dictaduras militares de derecha.
Esta persecución no sólo es injusta e innecesaria sino que ayuda poco en la restitución de un ambiente de concordia y unidad nacional como el que se requiere para enfrentar nuestros graves problemas. En vez de acosar a quienes levantan su voz para expresar sus pareceres por momentos de modo airado, el gobierno debería tener un momento de reflexión acerca de su responsabilidad en una situación de catástrofe social como la que ha informado la encuesta ENCOVI.
A Nicmer y a Marta les remito mi solidaridad. Y confío en que más temprano que tarde podamos disfrutar de una democracia plena en la que la opinión política no sea un delito.
Por Enrique Ochoa Antich
eochoaantich@gmail.com
